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El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido de suspensión de la sentencia presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, por lo que deberá continuar cumpliendo en prisión la condena de 14 años impuesta por el delito de cohecho pasivo propio, mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la cual concluyó que no se cumplen los presupuestos de legitimidad ni de necesidad que justifiquen que el exmandatario afronte el proceso en libertad. Según el fallo, la gravedad de los hechos acreditados, la naturaleza de la condena y la existencia de peligro de fuga obligan a que permanezca recluido.
No obstante, debido a los problemas de salud alegados por Vizcarra, el órgano jurisdiccional dispuso que el penal de Barbadillo remita informes médicos cada 15 días sobre el estado de salud del interno, a fin de realizar un seguimiento permanente de su condición.
La Sala también determinó que la defensa no logró demostrar una relación directa entre la situación médica del expresidente y su permanencia en el centro penitenciario, descartando que este argumento sea suficiente para suspender la ejecución de la sentencia.
Análisis del peligro de fuga
Para evaluar la permanencia del riesgo procesal, el tribunal analizó diversos criterios, entre ellos la magnitud de la pena impuesta, el daño causado, la falta de una reparación voluntaria, el comportamiento procesal del condenado y su presunta vinculación a una organización criminal.
En ese marco, se concluyó que sí subsisten los arraigos domiciliario y familiar, al recordarse que durante los allanamientos realizados el 18 de marzo de 2024 se constató que Vizcarra convivía con su esposa e hijo menor en el mismo domicilio.
Sin embargo, la Sala determinó que no se acreditó la existencia de arraigo laboral vigente. Si bien el exmandatario había presentado vínculos con el partido Perú Primero y la empresa Urbaniza 3D, dichos contratos no habrían sido renovados tras su reclusión. El tribunal señaló que la supuesta suspensión contractual alegada por la defensa no cuenta con documentación de fecha cierta ni medios probatorios idóneos.
Reacción del entorno político
Tras conocerse la decisión judicial, Mario Vizcarra se pronunció a través de su cuenta en la red social X, cuestionando el análisis realizado por el Poder Judicial respecto al arraigo laboral del exmandatario.
“En Perú Primero sentimos que la justicia nos da la espalda. Omitieron su contrato actual y utilizaron uno pasado. Esto es venganza política”, expresó, señalando que continuarán defendiendo su posición.
